Resulta chocante que en un momento de crisis aguda y de sacrificios económicos por parte de un gran número de ciudadanos, una numerosa minoría de privilegiados disfrute de ventajas fiscales incomprensibles.
A causa de la disminución de los ingresos fiscales el conjunto de las administraciones públicas se ha visto obligado a efectuar serios ajustes en los gastos que han afectado a los servicios considerados esenciales (educación, sanidad i servicios sociales) dando lugar a un creciente malestar social, pero nadie parece caer en la cuenta que una parte sustancial de los tributos recaudados sigue esfumándose en beneficio de unos pocos en forma de deducciones y desgravaciones fiscales o de subvenciones destinadas a atender las cuestiones más esotéricas y peregrinas imaginables.
Se trata de una cuestión crucial para entender el despropósito en el que han ido derivando las cuentas públicas en los últimos años con la excusa de intervenir en la economía para potenciar el desarrollo de determinados sectores o actividades. Lo cierto es que su peso ha ido aumentando hasta tal punto que se ha llegado a afirmar que representan casi la mitad de la recaudación total, lo que equivale a decir que pagando la mitad de impuestos se podrían mantener la totalidad de los servicios públicos (incluyendo relaciones exteriores y defensa).
Dicho así, friamente, parece que no sea posible y lo cierto es que en nuestro país el asunto no ha sido estudiado en profundidad, aunque cabe señalar que el Banco de España en su informe de 2010 ya sugirió la necesidad de plantear una sustancial racionalización y reducción del fenómeno.
En el mismo año, el presidente Obama había creado una comisión mixta de senadores y congresistas para el estudio de una reforma fiscal en profundidad que había concluído sus trabajos efectuando un conjunto de recomendaciones, entre las que destacó una propuesta de reducción sustancial de los gastos fiscales para propiciar la reducción del galopante déficit público estadounidense, estimando que alcanzaban la astronómica cifra de 1.053 billones de dólares, equivalentes al 7% del PIB de los EEUU.
En nuestro país no hay cifras precisas sobre los denominados gastos fiscales (tax expenditures en la denominación inglesa) aunque se estima que podrían superar ampliamente el 4'4 del PIB. Y si este porcentaje fuera cierto, sólo en Catalunya permitiría suprimir algo más de 8.000 millones de euros anuales (el doble de los 4.000 millones que pretende ajustar la Generalitat de Catalunya en el ejercicio fiscal de 2013 y, más o menos, el 20% del presupuesto de un ejercicio fiscal ordinario), lo cual supondría un ahorro espectacular sin necesidad de recortar ni un céntimo en gastos sociales.
Es para pensarlo seriamente, sobre todo si se tiene en cuenta que cualquier ciudadano tiene derecho a exigir que los poderes públicos hagan frente a las exigencias del estado del bienestar, mientras que no hay ni una sola disposición legal que establezca el derecho de ningún ciudadano a exigir la devolución de todos o parte de los impuestos que debe pagar, bien en forma de desgravación fiscal o de subvención. La concesión de tales privilegios constituyen una discriminación no siempre justificable que depende exclusivamente de la discrecionalidad del poder y, por lo menos en los tiempos que corren, constituyen un trato de favor absolutamente injusto que castiga precisamente a las clases con menor capacidad contributiva y con más necesidades de ayuda.
